Tensos momentos fueron los que se vivieron la mañana de este jueves, cuando los representantes de la empresa Samuel Rojo M. y Cia. Ltda, llegaron hasta el terreno ubicado en la intersección de las calles Avenida La Chimba y Avenida Costanera, para hacer efectivo el desalojo decretado por la justicia, instancia que los habitantes del lugar, dicen desconocer.
Demarcar el límite del terreno y cerrarlo, era el objetivo de la empresa, sin embargo, los vecinos señalaron desconocer la sentencia, así lo afirmó Carolina Pérez, “acá no ha llegado ninguna notificación, no se conoce la sentencia, yo no sé cómo ellos (empresa) la tienen y cómo van a expulsar a alguien si ellos no tienen notificación previa”, afirmó la mujer quien asegura que todos los habitantes se encuentran en el sector desde hace varias décadas.
Consultada sobre la solución que esperan tener sobre el caso, Pérez indica “que este caballero no venga a interponer su plata de por medio a quitarle el terreno a mi familia”, afirmó y sentenció que teniendo la sentencia en sus manos, podrán determinar qué harán.
Similar apreciación es la que tiene José Retamal, otro de los habitantes del terreno, quien reitera el desconocimiento de la sentencia a favor de la empresa, “él no dio tiempo ni dio plazos y nadie de nosotros sabía que iba a llegar a sacar el cierre. Nosotros llevamos cinco o seis años en esto y nadie nos había dicho que debíamos salir”, expresó.
Sobre la resolución negativa para los vecinos, Retamal expresó que el curso a seguir lo determinarán en conjunto con el abogado que los asesora, “nosotros nos guiamos en este momento, por lo que nos dice nuestro abogado, pero todo es conversable, tiene que haber un acuerdo”, aseguró.
La empresa
Samuel Rojo, representante de la empresa dueña del terreno, indicó que el sitio de 11 mil metros cuadrados, fue adquirido en los años noventa y que cuando se realizó la compra, no había personas viviendo en el lugar.
“Se hizo el juicio como debía ser, se siguió el protocolo y salió la resolución del juzgado, que corresponde a un desalojo y eso es a lo que ellos se oponen” explicó Rojo e indicó que en la sentencia se confirma que el terreno en el que se encuentran construidas las viviendas, es propiedad de la empresa.
Según indica Rojo la sentencia fue informada hace alrededor de un mes, situación que debía ser confirmada a los vecinos por su abogado representante y que con anterioridad al juicio, concurrió a informar a los vecinos, que la empresa cerraría el terreno y al no obtener respuesta, se dio paso a la parte legal.
En cuanto a las medidas a tomar tras esta instancia, Samuel Rojo afirmó que “vamos a recurrir nuevamente al desalojo, que es lo que corresponde por sentencia y con todos los actores correspondientes”, afirmó.
Antecedentes previos
Esta situación no es la primera que viven los residentes en el terreno, el pasado mes de diciembre, personal municipal también se hizo presente, para exigir el retiro del cierre perimetral que existe en el lugar y que se encuentra en parte del terreno fiscal.
El espacio fiscal que ocupan los residentes, corresponden a 1.125 metros cuadrados, los que colindan con el terreno privado. Según lo señalado en este entonces por el Director de Obras de la Municipalidad de Ovalle, Glen Flores, “ellos tienen un litigio y han tomado parte de ese terreno desde los postes hacia allá, ellos han perdido el juicio de precario, la corte de apelaciones ya ratificó que tienen que devolverle parte del terreno a un propietario posterior y más de mil metros que se tienen que devolver al municipio”, explicó.
Los vecinos fueron notificados de la sentencia que indicaba que el deslinde debía ser removido, además de recibir un aviso de parte de la municipalidad sobre el plazo de dos a tres días para hacerlo, situación que no sucedió lo que provocó la asistencia de personal municipal a derribar el cerco.
Actualmente, el cierre perimetral se mantiene en el lugar, la situación judicial con la municipalidad se encuentra detenida y la empresa busca recuperar el terreno que ocupan los vecinos.