Finalmente el tiempo pasó, y este miércoles 23 de mayo, venció el plazo para que, aquellos ciudadanos extranjeros que ingresaron ilegalmente al país por pasos no habilitados, pudieran poner al día su solicitud de residencia a través del proceso de regularización migratoria que lleva adelante el gobierno desde hace justo un mes.
Hasta el momento, las cifras entregadas por el Ejecutivo reportan que hasta ayer, son cerca de 120 mil los migrantes que se han inscrito para regularizar su situación en Chile, proyectando que hacia el final del proceso, dichas cifras puedan llegar hasta los 250 mil extranjeros.
¿Pero qué ha pasado durante este mes en nuestra provincia?
Pues las cifras entregadas por la propia Gobernación provincial indican que hasta este miércoles se habían recibido 1.059 solicitudes de residencia por parte de extranjeros, lo que implica un 238% más en comparación al año pasado en esta misma fecha, cuando las solicitudes de residencia alcanzaron las 445.
En relación a la nacionalidad de los migrantes que solicitaron mayor cantidad de permisos de residencia hasta la fecha en Ovalle, destacan sin lugar a dudas, los haitianos, con 515 solicitudes, seguidos por los venezolanos con 188 solicitudes, además de colombianos y bolivianos con 107, y peruanos con 89.
Mucho más atrás, se ubican países como Ecuador (26), Argentina (11), Brasil (4), China (4), y otras naciones que llaman más la atención como Sudáfrica (2), Nicaragua (2), además de Rumania, Cuba, Uruguay, Paraguay y España, estos últimos con sólo una solicitud de residencia.
Al respecto, el gobernador del Limarí, Darío Molina calificó este proceso como “muy positivo”, pues “se logró regularizar una cantidad importante de personas, donde además, proceso en el cual, nos ayudó mucho el ISP, pues atendió también una gran cantidad de extranjeros”.
EL PROCESO CONTINÚA
No obstante, y como una forma de no llamar a la confusión, se debe reiterar que el proceso que terminó este miércoles era para aquellos extranjeros que ingresaron al país por un paso clandestino o no autorizado, eludiendo el control migratorio.
Sin embargo, para todos aquellos extranjeros que hayan entrado al país con visa de turista por pasos establecidos y se encuentren hoy con su permiso de trabajo vencido, o con su visa de residencia vencida, o estén en pleno proceso de solicitar su residencia o reconsideración de ésta en trámite, además de los que realicen actividades remuneradas sin autorización, el proceso sigue adelante, teniendo como plazo hasta el 22 de julio para regularizar su situación.
“Es importante que todos se enteren de esta información y colaboren con la nueva Ley de Migración” sostuvo al respecto el gobernador Darío Molina.
Ahora bien, volviendo a los casos anteriores ¿qué pasará con aquellos extranjeros que, habiendo entrado ilegalmente al país, no participaron en esta primera fase del proceso de regularización migratorio? Pues sencillamente arriesgan ser deportados de Chile.
De hecho, las fiscalizaciones comenzarán este mismo jueves y estarán a cargo de la PDI. Si un inmigrante es sorprendido sin papeles, podrá optar a iniciar los trámites de regularización. De negarse, se iniciaría un proceso para su expulsión del país.
IMPUGNAN DECRETO POR DISCRIMINACIÓN
Pero mientras el proceso de regularización continúa, el decreto migratorio que emitió el Presidente Piñera el 9 de abril pasado en el marco del proceso migratorio, podría sufrir un traspié.
Y es que el Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento presentado por un grupo de 46 diputados de la oposición para impugnar dicho decreto, apelando que éste sería discriminatorio para los ciudadanos haitianos por sobre otras nacionalidades.
Ello, porque con la emisión del decreto presidencial se exigió una visa consular de turismo simple para los ciudadanos haitianos, con derecho a ingreso y permanencia en Chile por un período máximo de 30 días. Para los legisladores que presentaron el requerimiento, dicho decreto, además de contener vicios de constitucionalidad, sería “arbitrario e irracional”.
Al respecto, el gobernador provincial, Darío Molina, aseguró que, junto con reconocer el derecho de los ciudadanos a presentar sus reparos ante posibles transgresiones a la Constitución, “el gobierno tiene la tranquilidad de que ha ejercido su derecho en este sentido”.
“Las relaciones internacionales las lleva adelante el Presidente de la República, y para establecer ciertas normativas para el ingreso de extranjeros a Chile. Y en este caso, se han establecido ciertos mecanismos, tanto para venezolanos, a través de una visa de Responsabilidad Democrática, como también una visa consular a ciudadanos provenientes de Haití” señaló.
En ese sentido, Molina explicó que “hay que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional, pero nosotros como gobierno, estamos tranquilos porque la medida se ha ejercido tal como establece la Constitución: el derecho que tiene el Presidente a fijar decretos con ciertas normas especiales para distintos extranjeros que quieran ingresar a Chile”.
Por lo demás, la máxima autoridad provincial negó que la medida pretenda ejercer un trato discriminatorio contra los haitianos, toda vez que “estamos convencidos que actuamos dentro del imperio de ley, por lo que el falló se acatará como corresponde”.
De prosperar la solicitud de inconstitucionalidad, se podría anular la implementación del decreto del Ejecutivo para regular la migración.