La Municipalidad de Ovalle deberá pagar una millonario indemnización a Tania Robles Pérez, a quien no se le renovó su contrato a honorario en medio de su embarazo.
Según explicó una de sus abogadas patrocinantes, Marie Allende, “ella comunicó el estado de su embarazo a su jefatura en el mes de enero de este año, y en el mes de junio, cuando ella iba a comenzar su prenatal, a Tania no le renuevan el contrato. Ella siempre estuvo en incertidumbre si su contrato iba a continuar o no. Una vez cumplido el plazo de su contrato vigente, no le renovaron. Ante esta situación, Tania nos contactó en julio, y nosotras presentamos una demanda ante el tribunal laboral”.
La otra abogada participante del caso, Perla Carvajal, complementa estos antecedentes, “a pesar de que Tania se encontraba con licencia médica en el mes de junio, ella concurrió en reiteras oportunidades al municipio, con la finalidad de obtener alguna respuesta respecto a qué iba pasar con su futuro laboral, lo que no obtuvo respuesta”, apuntó.
En esa línea, Allende detalla que “la demanda era por el fuero maternal que no fue respetado, y además por una tutela laboral, aduciendo que ella había sido discriminada por su estado de maternidad y por su género también”.
ACUERDO ENTRE LAS PARTES
En el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle se llevó a cabo la audiencia preparatoria, en cual se logró un acuerdo entre las partes, “el juez consideró que el fuero maternal es algo muy importante que debe ser respetado, y en ese sentido llegamos a un acuerdo monetario en relación al fuero maternal, y quedó de lado al tema de la tutela por vulneración de derechos”, explicó Allende.
En primera instancia, la parte demandante solicitaba un monto que bordeaba los 45 millones de pesos, pero dicho monto englobaba ambas acciones. De esta manera, se logró un acuerdo de poco más de 18 millones de pesos, que correspondía a lo que se solicitaba por el fuero maternal.
Las abogadas valoraron dicho acuerdo, ya que de esa manera evitaron un estrés adicional a su representada, “vista las circunstancias creo que fue la mejor opción, porque Tania en estos momentos se encuentra con su bebé recién nacido, y verla enfrentaba a todo el proceso judicial hubiese sido más perjudicial para ella. Por eso creo que fue la mejor decisión haber llegado a un acuerdo, y no haber expuesto a nuestra representada a más estrés que ya se le había generado”, indicó Allende.
“Llegar a una conciliación en la etapa preparatoria, no implica que el municipio esté reconociendo los hechos que fueron denunciados en la demandas, así como nosotros no nos estamos retractando de ninguna de las acciones. El monto que se alcanzó de reconciliación no fue un ofrecimiento de la municipalidad, fue una propuesta del tribunal, que ponderó los antecedentes, porque era un hecho cierto e indiscutible que Tania se encontraba embarazada al momento de su desvinculación”, apuntó por su parte Carvajal.
MOLESTIAS POR DICHOS EN EL CONCEJO
Como la parte demandada correspondía a una institución pública, el acuerdo realizado en el tribunal debía ser ratificado en el Concejo Municipal, en sesión que se realizó el pasado martes 21 de noviembre.
En la ocasión los concejales aprobaron la indemnización acordada, pero hubo dichos que molestaron a la parte querellante.
“Nosotros estábamos escuchando el concejo, y hubo una situación que nos molestó bastante, que fue la intervención del jefe Secplan, Jeremías Tapia. Él delega su responsabilidad en Tania, diciendo que ellos tenían toda la intención de renovar el contrato y que esa situación no se produjo, pero eso es mentira, porque el día 30 de junio, día en que el contrato terminaba, Tania se encontraba en las dependencias de la municipalidad, justamente para conversar la situación de su contrato”, explicó Allende, quien enfatizó que esta aclaración será suficiente para cerrar el caso.
Tras la aprobación del Concejo Municipal, la Municipalidad de Ovalle deberá materializar el pago de la indemnización el 15 de diciembre de este año.
EVENTUAL PROCESO DISCIPLINARIO INTERNO
Al respecto, desde el Municipio de Ovalle señalan que “el día martes 21 de noviembre, en sesión de Concejo Municipal, se aprobó una conciliación con una ex funcionaria, que estaba contratada por el municipio bajo el régimen de prestadora de servicios a honorarios, cuyo cargo de asistencia técnica era financiado con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Sin embargo, atendido los planteamientos efectuados al interior del Concejo Municipal, se iniciará la investigación y eventuales procedimientos disciplinarios en torno a la situación planteada, por posibles responsabilidades administrativas que pudieran existir, pero dejando claramente establecido que bajo los lineamientos y principios que tiene esta Municipalidad y esta Gestión, jamás debería verse afectado el derecho a la maternidad de ninguna mujer, de ninguna funcionaria”.