Más de 14,7 millones de chilenos están llamados a decidir si quieren reemplazar la actual Constitución -heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990)- y el órgano que debería redactar el nuevo texto.
El referéndum, que fue aplazado por la pandemia y que tendrá lugar en medio de restricciones sanitarias y con una economía mellada, busca descomprimir la grave crisis social que estalló en octubre de 2019 y dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
Pero, ¿por qué se dice que es inédito e histórico?
Sin ejemplos regionales
En 200 años de independencia, Chile ha tenido solo tres constituciones (1833, 1925 y 1980), con lo que esta sería la cuarta, pero la primera redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (Chile) y catedrático en la Universidad de Utrecht (Holanda), Javier Couso, explicó a Efe que la primera Ley Fundamental nació tras un guerra civil, mientras que las dos últimas fueron redactadas "puertas adentro" tras dos golpes de Estado.
Este proceso, sin embargo, emanó de las calles: la derogación de la Carta Magna fue una de las reivindicaciones en las multitudinarias manifestaciones del año pasado.
Los chilenos tendrán que elegir además si el nuevo texto debe redactarlo una convención constitucional, compuesta por 155 ciudadanos elegidos solo para ese fin, o una convención mixta, integrada a partes iguales por parlamentarios.
"Es inusual que se consulte a la gente si quiere cambiar la Constitución, pero lo que es más inédito todavía es preguntarle el mecanismo. Creo que no hay antecedentes en Latinoamérica", apuntó a Efe la directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss.
De salir la opción del "apruebo" y ratificarse el nuevo texto en otro plebiscito en 2022, "Chile dará una señal importante a Latinoamérica, luego de procesos constituyentes que han sido conducidos por figuras populistas para perpetuarse en el poder", apuntó Couso.
Legado de la dictadura
Ideada por el ultraconservador Jaime Guzmán y aprobada en un cuestionado referéndum, la Constitución de Pinochet ha sido reformada más de 50 veces en democracia, pero sigue siendo "ilegítima" para gran parte de la población.
Las grandes reformas se acometieron en 2005, con Ricardo Lagos (2000-2006) en el poder, y hoy en día la Carta Magna lleva la firma del expresidente socialista y no del general.
Esas modificaciones, según Couso, permitieron "democratizar la elección de senadores" -algunos hasta entonces eran elegidos por militares- y "acabar con la inmovilidad de los comandantes en jefe".
"El presidente no podía llamar a retiro al jefe militar, la remoción tenía que ser autorizada por el Consejo de Seguridad Nacional, donde tenían mayoría las Fuerzas Armadas", apuntó Heiss, para quien "se hicieron las reformas a las que accedió la derecha".
El director ejecutivo del think-tank progresista Chile 21, Eduardo Vergara, indicó a Efe que el gran problema de la Constitución es que es "extremadamente rígida", pues se requiere de dos tercios de los parlamentarios para cambiar sus capítulos más importantes.
El propio Guzmán solía decir incluso que ideó el texto con la idea de que "si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría".
"Está diseñada para que la derecha pueda frenar cualquier cambio con solo un tercio y es lo que ha ocurrido con la gran cantidad de iniciativas que buscaban un modelo más redistributivo", agregó Heiss, para quien su inflexibilidad es solo comparable a la de Honduras.
Durante su segundo mandato (2014-2018), la expresidenta socialista Michelle Bachelet intentó un proceso constituyente, que fracasó por falta de apoyos políticos.
"El día que se apruebe una nueva Constitución se habrá dado por terminada esta larguísima transición y se podrá decir que no queda ningún vestigio institucional de la dictadura", aseveró Couso.
¿Quién apoya qué?
Para los partidarios del "apruebo", la actual Constitución es la causante de las grandes desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos y "permitir que el desarrollo fuera desproporcionado para unos pocos a costa de unos muchos", aseguró Vergara.
Sus detractores, sin embargo, creen que bajo este marco jurídico Chile registró el periodo de mayor crecimiento de su historia y que los actuales problemas se solucionan con nuevas leyes y no con un proceso constituyente que genere "incertidumbre".
La oposición de izquierdas es partidaria del cambio, mientras que los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental están divididos, siendo la formación fundada por el propio Guzmán (UDI) la más defensora del "rechazo".
El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto y se ha limitado a alentar la participación, que puede verse mermada por el miedo al contagio y por la alta abstención de Chile.
Desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, en ninguna elección ha participado más del 50 % del padrón.
Para Fernando Atria, constitucionalista y considerado el ideólogo de las protestas estudiantiles de 2011, si no se llega al 50 % de participación, "significará que esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre decidió no estar y vio el plebiscito como un arreglo más entre la clase política".
¿Calmará la tensión?
Tras un año de convulsión social, muchos se preguntan si Chile volverá a ser el "oasis" del que Piñera alardeaba pocas semanas antes de estallar las protestas.
"La polarización va a ser muy grande antes y después del plebiscito. Lo que sí puede desinflar la crisis son los diálogos constituyentes", reconoció a Efe Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián.
Heiss, que está convencida de que los sondeos acertarán y se impondrá con diferencia el "apruebo", considera además que se va a necesitar mucha voluntad política para gestionar las "altas expectativas" que ha generado el plebiscito: "Hay quien piensa que se va a producir un cambio radical de la noche a la mañana, pero va a ser un proceso lento, de reconstrucción nacional".
"Tenemos que asegurarnos que se inicien una serie de cambios de forma inmediata porque hay personas que no pueden esperar", concluyó Vergara.