Un convulsionado y hasta desordenado inicio tuvo la Convención Constitucional en los primeros días de la semana. Deficiencias técnicas y logísticas por parte del Gobierno entrabaron las primeras jornadas, pero que al martes pareció todo iniciarse de manera como se esperaba.
Con todo, son las primeras jornadas del histórico período que tienen los 155 constituyentes para redactar la nueva Constitución Política de Chile. Uno de los primeros acuerdos que deberán acordar es la declaración pública sobre los detenidos tras las manifestaciones y protestas vividas durante el estallido social, o revuelta social como gran parte de los constituyentes cataloga ese momento. Este aspecto será difícil de encontrar un punto en común, señala el sociólogo Juan Pedro López.
“Si bien no pueda que exista un consenso entre todos los constituyentes respecto a la libertad de los presos de la revuelta, aquellos constituyentes que sí están a favor de otorgar algún beneficio o indulto van a sacar una declaración como constituyentes a favor de esta propuesta”, asegura López.
Principalmente los constituyentes relacionados con los partidos de derecha han manifestado su oposición a otorgar cualquier tipo de libertad a quienes aún se mantienen en prisión preventiva por los hechos que se los acusa.
Las atribuciones de la Convención están delimitadas por Ley, la cual no está en conceder libertades a personas recluidas, pero sí pueden solicitarla a otros órganos del Estado.
“Lo que van a hacer es realizar una declaración para pedir una solicitud a todos los poderes del Estado, para que aceleren esto, se apruebe esta amnistía y dejen a los presos políticos libertados. Sobre todo a aquellos que llevan mucho tiempo con medidas cautelares y que no se ha resuelto sus casos”, precisó Miguel Torres, analista político del Observatorio Político Región de Coquimbo.
SEMANA DE AJUSTES
Para López, la primera semana será de ajustes, donde deben acordar, además de la petición de libertad a los presos, el protocolo por Coronavirus para desarrollar las sesiones con la mayor cantidad de resguardo higiénico. Además, definirán quiénes acompañarán a Elisa Loncón (presidenta de la Convención Constituyente) y a Jaime Bassa (vicepresidente) en la mesa directiva.
“Será una semana de ajustes, de tomar decisiones de funcionamiento. Ya vimos que se amplió la mesa directiva de dos a siete constituyentes, además de otros dos de pueblos originarios, y en eso ha habido algún fruto. Para esta primera semana se trabajará ambos temas para un funcionamiento acorde a las circunstancias”, comentó.
Esta semana debiera tener mayor claridad, con algunos acuerdos, cómo se vota, se espera que el reglamento se pueda confeccionar “y cuando esté eso estructurado comenzar a debatir los temas fundamentales y comenzar a construir los aspectos esenciales que tendrá nueva Constitución”, dice Torres.
Sin embargo, antes de iniciar todo, se debe definir el reglamento que, por lo visto, no estará definido esta semana.
“Este reglamento definirá aspectos de forma, principalmente, como cuántas veces van a sesionar los constituyentes, seguramente se debatirá el quórum de los 2/3 para aprobar los artículos, se va a debatir la creación de comisiones y todo lo relacionado con lo orgánico del funcionamiento de la Convención. Además se definirá seguramente protocolos en contra del acoso, seguridad, entre otros aspectos”, detalló Torres.
La Convención Constitucional está contra el tiempo para definir las cuestiones previas para iniciar el debate de los artículos que tendrá la nueva Constitución Política. En esta etapa, los seis constituyentes electos Jeniffer Mella, Roberto Vega, María Trinidad Castillo, Ivanna Olivares, Carlos Calvo y Daniel Bravo, además de Fernando Tirado como representante del pueblo Chango.
Deberán redactar y aprobar el contenido de la Carta Magna en un máximo de nueve meses desde su instalación, prorrogables por tres meses más. Posteriormente, se realizará un nuevo Plebiscito Nacional de salida, de carácter obligatorio, en el que la ciudadanía deberá decidir si aprueba o no el nuevo texto, que busca reemplazar a la actual Constitución Política de 1980.