Tras algunas semanas de espera, finalmente la Comisión de Agricultura del Senado, recibió este lunes, a representantes de organizaciones de agricultores y usuarios de agua de diferentes regiones del país – incluido la región de Coquimbo – para escuchar sus planteamientos y propuestas de cara a la reforma al Código de Aguas que se analiza en el Senado.
En síntesis, las principales observaciones que los agricultores plantearon a nivel general a los senadores, se relacionan principalmente con el tema de los derechos de agua, que actualmente permanentes, pasen a ser concesiones temporales. Además, se mencionó que el plazo de la regularización de estos derechos, a raíz de los cambios que se propone en la reforma, es considerado insuficiente, y de paso se criticó la pérdida de algunas facultades de las organizaciones de regantes.
A la salida de esta reunión, la presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari, sostuvo que con en esta reunión se abre una oportunidad para que el Congreso pueda acoger las propuestas de las organizaciones de regantes y canalistas.
“Tuve la oportunidad de hablar personalmente con Carlos Estévez, director nacional de DGA y me parece que hemos logrado que tengan la capacidad de escucharnos y hemos podido exponer nuestros puntos de vista para tomar decisiones que nos convenga a todos. No hay que olvidarse que la agricultura nos da alimentos a todos, no la podemos perder” aseguró.
Por su parte, en conversación con El Ovallino, Onofre Juliá, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Rapel, aseguró que, como regantes, sintieron una buena acogida por parte de los parlamentarios. “Fuimos escuchados por primera vez, yo veo una apertura del ejecutivo y de la DGA, hay una apertura transversal de los senadores para acoger nuestros reparos” indicó.
Al respecto, Juliá explicó que ante los parlamentarios, su exposición se concentró en tres puntos, partiendo por el fortalecimiento de las juntas de vigilancia.
“Hoy en día la DGA es la que otorga los derechos de agua, los traslados, las captaciones de agua subterránea o superficiales. En concreto nosotros estamos pidiendo que las juntas de vigilancia sean las que autoricen o visen el otorgamiento que haga la DGA. En ese sentido, si la DGA entrega un derecho, que lo entregue con consulta a las juntas de vigilancia” explica.
En ese sentido, Juliá explica que esta propuesta se justifica “porque somos las juntas de vigilancia las que conocemos más el terreno, qué es lo que esta sucediendo con nuestros recursos”.
En segundo lugar, Onofre Juliá solicitó que respecto al caudal ecológico que propone establecer la reforma, y que exige la existencia de un caudal permanente, “sea cambiado por un caudal eventual, lo que significa que en los años de sequía obviamente tiene que regularse de forma distinta que en los años en que haya abundancia” indica.
Además, y respecto al tema de los derechos de agua propiamente tal, Juliá afirmó que propuso que “aquellos derechos constituidos e inscritos a la fecha, y que están normalizados, se mantengan a perpetuidad. Porque todos aquellos derechos que otorgó la DGA tanto como en la reforma agraria, están custodiando todas las inversiones de plantaciones, de producción en esta zona, que se concentran básicamente en uva de mesa, uva pisquera, o nogales”.
Onofre Juliá insistió en que no se puede exigir caudal ecológico en una región donde no existen, por lo que tienen que regularse en el marco de las temporadas que vienen. “Esa ley tiene que ser aplicable tanto en el norte como el sur del país” afirmó.
Por último Juliá afirmó que desde las organizaciones de canalistas siempre “se ha defendido el derecho al agua potable para el consumo humano. También le pedimos que se les diera un poquito más de fuerza a las juntas de vigilancia cuando se decretara escasez hídrica, porque las juntas pierden un grado de resolución, y que todas las decisiones que se tomen se hagan en conjunto con las juntas de vigilancia” sostuvo.