Los locales están abiertos y siguen funcionando. Las máquinas siguen sonando y continúan facturando. Las luces iluminan la pantalla con cada jugada. Ganar o perder es una apuesta que se mantiene latente en cada jugada.
Aunque la realidad sobre los locales de máquinas tragamonedas o de juegos electrónicos, podría cambiar tras salir a la luz pública supuestos financiamientos de este tipo de negocios hacia figuras políticas de la región, lo cierto es que en Ovalle siguen funcionando normalmente.
En la nota televisiva se insinúa que distintos alcaldes, diputados y senadores serían favorecidos por los negocios de juegos tragamonedas para permitir su operación en diversas comunas, y aunque el Ovalle se ha decretado una guerra a este tipo de negocios, sería acá en la región donde se habría colaborado con campañas electorales, según sugiere la nota.
No financiamos políticos
Desde la propia Asociación Gremial de Operadores de Juegos Electrónicos de Ovalle, Agojeo, su abogado Ernesto Núñez indicó a El Ovallino que están muy lejos de financiar a políticos, aunque están muy interesados en que se esclarezca la neblina jurídica que cae sobre su sector, toda vez que los tiempos han cambiado la dinámica del juego y no hay leyes claras que los regulen completamente ese sector comercial.
“Ninguno de los miembros de Agojeo ha financiado campañas políticas de ninguna forma, y menos de forma irregular”, indicó Núñez al ser consultado.
Advirtió que el esfuerzo que han hecho como gremio es para intentar poner el debate sobre la regularización de la actividad comercial más que de una situación de ilegalidad o clandestinaje.
“Lo que nosotros queremos es posicionar a Chile, dentro de la legislatura más moderna sobre el tema, porque lo que ocurre es que la presión de los casinos hace que salgan este tipo de reportajes con insinuaciones que tratan de sembrar dudas sobre la legalidad o no de una actividad comercial”, Núñez.
Refirió que en varios países de Europa el juego es legal y que está completamente expuesto al público en negocios abiertos y que están completamente legalizados, y que lo que esperan para Chile es precisamente que existan reglas claras de juego.
“Lo que esperamos es que se pueda poner en el debate, lo que nos parece lo más sano y lógico, es el hecho de que se pueda regular este tipo de negocios”.
¿Ocurre en Ovalle ese conflicto con la municipalidad?
“No es que mis clientes (Agojeo) no tengan patente, ellos sí sacaron patente que en su minuto cumplían con las últimas regulaciones administrativas conforme a las ordenanzas municipales de 1991, luego de eso existió una diversificación del juego electrónico, lo que es propio de cualquier tecnología. De hecho miembros de Agojeo formaron parte de la mesa de trabajo con el mismo alcalde Rentería que con el concejo municipal intentó derogar esta ordenanza, en el año 2015, porque lo que quiso el concejo municipal fue hacer este trabajo mancomunado entre la comunidad, empresarios, concejales y por supuesto él, para poder llegar a un texto en el que se pusieran los puntos en común y luego de este trabajo, Rentería no hizo nada y se perdió un trabajo de más de seis meses”.
Indicó Núñez que los agremiados que defiende “lo que más han querido” es que exista una regulación legal al respecto.
“No estamos en la clandestinidad. Recuerde que la misma alcaldía, representada por el abogado de la Asociación de Casinos, presentó hace dos años una querella en contra de las personas que yo represento en Ovalle en la que acusaba el delito de clandestinaje y de juegos de azar, y durante dos años esa investigación penal no ha tenido ningún resultado”.
Detalló que esa tensión entre la municipalidad y los operadores de tragamonedas, no se ha podido resolver, mientras tanto advierte que ellos manejan la patente de “Juegos Electrónicos” y pagan sus patentes semestralmente –a la municipalidad- como cualquier otro negocio.
Sin relación
Por su parte el senador Jorge Pizarro enumeró una serie de argumentos en los que defiende su posición sobre lo mostrado a través de las cámaras de la televisora, y que va en todo caso en concordancia con lo que el mismo parlamentario había expuesto a El Ovallino en su edición del pasado 4 de junio, cuando este medio publicó la información de la Fiscalía que daba conocimiento del vínculo entre su esposa y las empresas del sector de juegos de azar.
“Destacan que Peñafiel mantuvo una relación comercial con empresarios vinculados a la explotación del giro juegos de destreza -siendo dentro de dicha relación receptora de ingresos-, los cuales se ajustan plenamente a toda la normativa vigente”, fue la respuesta ofrecida a El Ovallino hace dos meses.
Ahora la respuesta entregada por el equipo del senador Pizarro advierte incluso que los productores de la investigación televisiva omitieron que la vinculación de su esposa y las empresas de tragamonedas habría sido descartada por la fiscalía cómo elemento de sustentación jurídica.
“En virtud del reportaje emitido en Informe Especial donde se me vincula al caso Tragamonedas, es preciso aclarar lo siguiente:
1.- No existe por mi parte relación directa ni indirecta con alguna empresa o sociedad que explote las llamadas máquinas tragamonedas. En consecuencia de lo anterior, jamás he recibido aporte alguno de este tipo de sociedades, como lo sugiere la nota.
2.- Es lamentable que pese a haber contestado las dudas del equipo autor de la nota respecto eventual conflicto de interés -en específico sobre alcances de ley de Probidad hacia cónyuges con separación de bienes- el reportaje insista en disponer la obligación de dicha declaración, sin ser precisos en aquel punto.
3.- El reportaje emitido por el canal público hace eco de anteriores escritos de prensa digital basados en la presentación formulada por el Ministerio Público que especula sobre supuestos para sostener el caso, los que a la luz de la propia investigación han sido posteriormente descartados. Aquello es omitido de forma arbitraria, dejando en evidencia su carencia de rigurosidad.
4.- En esa misma línea, es importante recalcar que no he intervenido de forma alguna en la discusión respecto al proyecto mencionado, siendo fácilmente comprobable mediante revisión que puede hacer cualquier ciudadano sobre la actividad parlamentaria: no participé en discusión sobre ese tema en sesión de 8 de Mayo 2019 como lo menciona la nota, y menos voté sobre la letra del proyecto tramitado.
Por otro lado, la moción parlamentaria que apoyo y a la que se hace alusión, no beneficia el negocio de los casinos o juegos de azar, sino que apunta precisamente a tomar conciencia respecto del acceso a estos por parte de personas que padezcan de ludopatía.
Respecto las imágenes utilizadas para justificar una votación positiva, aquella no está relacionada con el fondo del proyecto, sino respecto del procedimiento del trámite legislativo.
5.- La relación comercial que mantuvo doña Rocío Peñafiel con empresarios vinculados a la explotación de juegos de destreza, se ajusta plenamente a toda la normativa vigente.
6.- Dicho reportaje acomoda hechos aislados para crear un escenario y atribuirme un comportamiento por lo menos dañino a mi quehacer parlamentario, lo que es absolutamente ajeno a mi labor legislativa.
7.- La nula intervención por mi parte en hechos que pudieran revertir carácter de delito se verá despejada al término de la investigación en curso respecto las actividades comerciales de mi cónyuge”.
Sin patente
Desde la Municipalidad de Ovalle no quisieron referirse oficialmente a este tema, ya que la relación entre la Asociación Gremial de Operadores de Juegos Electrónicos de Ovalle, Agojeo, y la casa consistorial siempre ha sido tensa y el debate jurídico ha llevado a acusaciones en ambas direcciones.
Aun así, fuentes de la municipalidad consultadas por El Ovallino indicaron que mantienen su postura de que este tipo de negocios trabajan al margen de la legalidad y que declaran alguna actividad diferente a la que ejercen.
En la publicación de El Ovallino del 20 de marzo de este año, el asesor jurídico del municipio, Sergio Galleguillos, indicaba que “las máquinas tragamonedas constituyen juegos de azar y jamás de destreza o habilidad como vanamente se pretende sostener por quienes desarrollan esta actividad. No existe, hasta la fecha, una ley en nuestro país que regule la citada actividad, siento un requisito ineludible que exista ley que autorice dichos juegos de azar para que puedan desarrollarse". Galleguillos agregó que esto "es una actividad económica que no se encuentra amparada en la ley y eso debemos destacarlo".
La tensión no termina, la sospecha sobre financiamiento a figuras políticas se mantiene, y los juegos tragamonedas siguen abiertos. Esa es la realidad de ese rubro en Ovalle.
Investigación de la PDI
Consultado sobre la investigación que adelantó la Policía De Investigaciones sobre si las máquinas tragamonedas serían de azar o destreza, y en la que en un par de ocasiones le retiraron sus tarjetas madre para un análisis profundo, Núñez indicó que hasta el momento no hay ningún resultado.
“Esa es una investigación que no va a ningún lado, porque ni las pericias ni las investigaciones arrojaron nada al respecto. No ha arrojado ningún antecedente”.