En diciembre de 2018, los habitantes de la localidad de Recoleta ya no aguantaron más.
En esa oportunidad, las obras inconclusas del alcantarillado que llevaban detenidas desde mayo de ese año, fueron el principal motivo que llevaron a los pobladores de dicha localidad a tomarse la carretera.
Consistente en una inversión de 1.600 millones de pesos, en un inicio la iniciativa consideraba la conexión de 164 familias y 4 centros comunitarios de Recoleta al sistema de alcantarillado y pavimentación, los que contemplaban casi 14 kilómetros de calzada de asfalto de calles, veredas y soleras. De esta forma, los vecinos ya no tendrían que depender del camión limpiafosas y contarían por fin, con un servicio básico como un alcantarillado.
No obstante, la empresa a cargo de la obra (SMV) quebró, dejando las obras inconclusas y paralizadas, el alcantarillado aún sin funcionar, y las obras anexas a éste –asfalto, calzadas, veredas y soleras – en gran parte, construidas de forma deficiente o derechamente sin construir.
“Estas obras se iniciaron el año 2016, pero después (la empresa) tuvo un problema con la Tesorería General de la República, pues ellos debían unas platas como empresa, ocasionando no pudieran facturar y ahí se fueron simplemente” explica al respecto, Cristian Ogalde, presidente de la Junta de Vecinos de Estación Recoleta.
Por esta situación y dado el tiempo ya que llevan paralizadas las obras, es que ahora los vecinos han solicitado al Consejo Regional nuevos recursos económicos para de una vez por todas, terminar el proyecto.
AGILIZAR RECURSOS
En ese sentido, durante la mañana de este viernes, autoridades locales como el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, funcionarios de la municipalidad y de la intendencia regional, así como los consejeros regionales del Limarí, se reunieron con los vecinos de Recoleta en la sede social de la localidad para analizar la actual situación del proyecto y acordar las futuras acciones que se debiesen llevar a adelante para completarlo.
Para el presidente de la junta de vecinos de la localidad, realizar esta reunión y traer a los consejeros regionales al lugar era sumamente importante, pues “era necesario que los consejeros observaran el estado del proyecto y las obras in situ, para entender que dichos recursos realmente se necesitan. Ellos vieron el problema real que tenemos con el alcantarillado. Y ojala que se agilice el trámite par que lleguen los recursos”.
En ese sentido, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, recordó que “acá hubo un problema externo con la empresa a cargo del proyecto sanitario, lo que obligó a paralizar los trabajos”.
Sobre la reunión, el edil señaló que “estamos buscando las soluciones, para contar con recursos de parte del Gobierno Regional y por eso tuvimos la presencia de los consejeros regionales, a quienes le agradecemos su apoyo, porque los cinco integrantes del Consejo Regional, que representan a la provincia del Limarí, se manifestaron a favor de contribuir con estos recursos, para que esta situación se solucione a fines de este año, o lo primeros días del 2020″.
Por su parte, los 5 consejeros regionales representantes de la provincia se mostraron completamente dispuestos a otorgar los recursos suplementarios que sean necesarios para finalizar el inconcluso proyecto.
“Estamos abiertos a que toda obra que necesita imperiosamente de un aumento, indudablemente va a tener el beneplácito y la unanimidad de los consejeros regionales. Por eso, la idea es tener una reunión en dos meses más para ver los avances, y monitorear lo que se ha hablado y acordado en esta reunión” señaló el presidente de la comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional, Lombardo Toledo.
¿REFORMULACIÓN DEL PROYECTO?
En ese sentido, Toledo explicó que “el municipio (de Ovalle) tiene por necesidad agilizar lo más pronto posible algún tipo de modificaciones al proyecto original, lo que significa agilizar los tiempos y que la solución sanitaria sea lo más pronto posible”.
Al respecto, el consejero por el Limarí, Hanna Jarufe aseguró que “nunca una obra del gobierno regional la vamos a dejar botada. El costo que vaya a salir, sea el que sea, hay que aprobarlo, porque los vecinos necesitan agua y alcantarillado”.
Pero retomando el punto mencionado por el consejero Lombardo Toledo, relativo a posibles modificaciones al proyecto original, Jarufe afirmó que es necesario “que se saquen bien las cuentas a futuro para que no volvamos a tener problemas con las obras. Si se necesitan 1.000 millones de pesos, que se pidan 1.000 millones”.
En ese sentido, el presidente de la junta de vecinos de Recoleta, Cristian Ogalde, manifestó sus dudas sobre el actual avance del proyecto que, según las últimas inspecciones, alcanza el 85% de avance.
Y es que para este dirigente, más allá del alcantarillado en sí – que no funciona-, las calzadas mal diseñadas, las cámaras de los ductos de agua sin tapar –e incluso en algunos casos, construidas sobre el nivel de las aceras- , asfaltos de mala calidad, la paralización de la planta de tratamiento que provoca que las fosas comunes en las casas colapsen, y en general, otras obras hechas a medias, o decididamente, mal construidas, ponen en duda que efectivamente las obras presenten este nivel de avance.
“Ellos dicen que un 85% de las obras ya están ejecutadas, que debiera faltar un 15% restante, pero eso es solo en teoría, porque según la realidad en la que vivimos la gente de aquí, algunos trabajos están claramente mal ejecutados, por lo que seguramente al final, haya que hacer más de lo que hay” indicó Ogalde.
Al respecto, agregó que “ahora hay que esperar que otra empresa venga y observe las obras en terreno. Ahí recién vamos a saber cuánto realmente falta para terminar las obras”.
Entretanto, para dos meses más quedó agendada una nueva reunión entre autoridades y vecinos.
Menos Burocracia y sanciones a empresas
Una de las críticas que en numerosas oportunidades mencionaron los vecinos de Recoleta fueron los trámites y tiempos excesivos para poder solucionar los problemas que presentó el proyecto con la consiguiente salida de la empresa y la paralización de las obras. Junto con ello, manifestaron su molestia por la, a su juicio, escasa o deficiente fiscalización que se realizó durante las obras.
Al respecto, el diputado Matías Walker, quien asistió a la reunión, reconoció la excesiva burocracia que existe desde el punto de vista administrativo. Además, mencionó que es necesario abordar una mejor coordinación entre los entes públicos al momento de abordar un proyecto.
“Yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención al Ministerio de Desarrollo Social para que las variables en los diseños consideren los costos totales, porque acá hay todo un sistema de fiscalización cruzada. Y es cierto; entre medio tuvimos la concesión de la ruta D-43), y a veces falta que el MOP dialogue con el gobierno regional, o con el Serviu, porque de pronto, cada uno de los ministerios está viendo su parcela por su cuenta, y a los servicios públicos les falta hablar más entre ellos”.
Al mismo tiempo, el parlamentario planteó la posibilidad de sancionar a aquellas empresas que no cumplan con la realización de las obras para las cuales fueron contratadas, pues tal como mencionó el consejero regional Juan Carlos Codoceo, “desgraciadamente en la región ya nos ha tocado abordar varios proyectos que han quedado en el camino, para posteriormente, ir al consejo regional a pedir recursos suplementarios”.
En ese sentido, Walker se comprometió “a enviar un oficio al sistema de Mercado Público, porque a veces pueden haber sanciones a las empresas que no cumplen. Los pueden sacar del registro de contratistas y hay todo una ley que regula estas cosas, y a lo mejor debemos fiscalizar. Yo entiendo la inquietud de la gente, va haber una nueva licitación, pero que no pague Moya, sino que haya una sanción a las empresas que no cumplen.