Las precipitaciones del año pasado fueron un aliciente, pero la sequía está lejos de terminar. De hecho, durante este tiempo se mantiene un acuerdo de redistribución del agua entre la DGA, las juntas de vigilancia y administradoras de obras estatales, el cual busca priorizar el escaso recurso hídrico.
“En el marco del decreto de escasez hídrica en la provincia de Limarí, la DGA tiene la facultad de requerir a las Juntas de Vigilancias y administradoras de obras estatales un acuerdo de redistribución que asegure que, en la redistribución de las aguas entre todos los usuarios de la cuenca, prevalezcan los usos para el consumo humano, saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, precaviendo la comisión de faltas graves o abusos. El principal objetivo es reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente el consumo humano y de subsistencia”, declaró al respecto la directora regional de la DGA, Cinthya Álvarez.
En esa línea, la autoridad regional explica que “el acuerdo de redistribución es de carácter técnico y tiene una serie de requerimientos, como indicar la proyección de sus caudales y entregas, la forma de medición de los caudales, la representación gráfica de flujos y/o relaciones de sus canales (diagrama unifilar), entre otros”.
Por su parte, el Dr. Pablo Álvarez, director del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) de la Universidad de La Serena, complementó diciendo que “esto está establecido en el Código de Aguas modificado en el año 2022 y en particular en el artículo 314. Entonces lo que se establece ahí, es que cuando hay un decreto de escasez, hay un tiempo para que las Organizaciones de Usuarios de Agua y en particular las juntas de vigilancia presentes en una cuenca propongan una manera en la cual van a suplir el requerimiento de consumo humano y van a garantizar ese consumo a pesar de las restricciones que pudiera haber producto de la sequía que también administrativamente se admite y se entiende como tal que por parte del Estado cuando hay un decreto de escasez vigente”.
Sobre si esto afecta a las actividades productivas, el ingeniero agrónomo manifestó que “la condición del decreto de escasez en general va acompañada de una reducción importante en la disponibilidad de agua y esa disponibilidad por supuesto afecta a todas las actividades económicas”.
“Cuando la escasez es muy importante, es muy difícil que no exista una confrontación de intereses, por supuesto que la agricultura de alguna manera también u otras actividades tienen que aportar a dar esta garantía para el consumo humano de alguna parte viene el agua que da esa garantía ya sea que se almacene en un embalse, ya sea que provenga de aguas subterráneas, etcétera, o sea, hay actividades que dejan de consumir para que se pueda garantizar ese consumo humano, es muy difícil, excepto que exista un planeamiento de largo plazo”, agregó.
El Dr. Palo Álvarez también comenta el rol que cumple el laboratorio PROMMRA en este contexto, “en mi opinión hay dos temas, nosotros podemos proveer información, uno es en los escenarios de disponibilidad hídrica para las cuencas de la región asociado a los modelos de caudales de cabecera que tenemos, lo otro es el aporte que podemos hacer a nivel de las reglas de operación que permitan dar cumplimiento a esta garantía de abastecimiento para el consumo humano y eventualmente otros requerimientos. Y también por otro lado, por ejemplo el conocimiento que tenemos del uso del suelo en la región y el monitoreo de este uso del suelo que hacemos y eso se asocia por lo tanto a demanda y podemos de alguna manera también aportar en ese sentido”, sostuvo.
POSIBILIDAD DE PROLONGACIÓN
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, Javier Sandoval Guzmán, se refirió a la posibilidad de que este acuerdo de redistribución se pueda prolongar, “en primera instancia, está vigente hasta el vencimiento del decreto en julio próximo; y se podría extender por un año si el análisis de las condiciones hidrometeorológicas (datos de precipitaciones y caudales de ríos), entre otras variables, indican que se cumplen los criterios de severa sequía para aplicar la extensión del decreto”, puntualizó.
“La situación que impulsa la medida es el decreto de escasez hídrica vigente en la provincia de Limarí, tal como lo señala el Código de Aguas, para reducir al mínimo los daños generales de la sequía. En esto la DGA ha trabajado de la mano con las Juntas de Vigilancia de la provincia de Limarí que administran los embalses, valorando la voluntad de las organizaciones de usuarios por garantizar el consumo humano y la subsistencia. Gracias al buen trabajo realizado, se logró la aprobación del acuerdo, y hoy con la DGA nos encontramos velando por su cumplimiento”, indicó.
OTRAS MEDIDAS
Para finalizar, el Seremi de Obras Públicas comentó otras medidas que se están dialogando junto a entidades vinculadas al tema, “en el mismo ámbito, otro hito de suma relevancia en la temática del agua, es que ya se dio inicio al trabajo de la ‘Mesa Estratégica de Recursos Hídricos’ en la Cuenca de Limarí, la cual incluye a todos los actores que allí se desenvuelven, como las Juntas de Vigilancia, pueblos originarios, ONG ambientalistas, servicios públicos, servicios sanitarios rurales, academia, entre otros, con la finalidad de crear y ejercer la gobernanza que permita una gestión integrada del recurso hídrico, y apoyar en la confección del ‘Plan Estratégico de Recursos Hídricos’, de la Cuenca que les permita avanzar en seguridad hídrica”, concluyó.