Un individuo, identificado con las iniciales E.J.A.V., fue formalizado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el delito de robo en bien nacional de uso público, tras ser sorprendido por personal de Carabineros de Ovalle robando 300 metros de cable de cobre, incidente que, además, resalta la creciente preocupación por la seguridad pública y el impacto de los delitos relacionados con el robo de infraestructura esencial.
De esta forma, el detenido fue rápidamente arrestado y formalizado por la Fiscalía local, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva debido a la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, decisión que refleja la gravedad del delito y la necesidad de proteger a la comunidad de posibles reincidencias.
Según los antecedentes presentados durante la formalización, el hecho ocurrió en la madrugada del 8 de febrero, alrededor de las 03:34 de la madrugada, en la intersección de la avenida La Feria con Covarrubias, un área que alberga un local comercial y la conocida Feria Modelo.
En este contexto, el imputado habría utilizado un alicate para cortar el cableado del tendido eléctrico, lo que no solo representa un acto delictivo, sino que también puso en riesgo la seguridad de los ciudadanos al afectar el suministro eléctrico de la zona.
Al percatarse de la presencia policial, E.J.A.V. intentó huir del lugar, pero fue rápidamente detenido por los efectivos de Carabineros.
Durante el proceso de sustracción, el cableado resultó quemado, lo que generó un cortocircuito que afectó a toda la zona, causando interrupciones en el servicio eléctrico.
La Fiscalía fue representada por el fiscal Jaime Rojas Maluenda, quien presentó como medios de prueba durante la formalización las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron los hechos delictivos, pruebas visuales que son fundamentales para establecer la culpabilidad del imputado y demostrar la secuencia de eventos que llevaron a su detención.
Además, se informó que el detenido posee antecedentes penales previos y ya había sido formalizado por un hecho similar, lo que sugiere un patrón de comportamiento delictivo que preocupa a las autoridades.
Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Ovalle fijó un plazo de investigación de 60 días para la conclusión de las diligencias. Durante este tiempo, la Fiscalía intentará reunir más pruebas y testimonios que fortalezcan el caso en contra del imputado, así como evaluar las implicaciones de su conducta delictiva en la seguridad pública.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y la colaboración entre las fuerzas del orden y la comunidad para prevenir delitos que afectan no solo a la infraestructura pública, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos. La lucha contra el robo de bienes públicos es un desafío constante que requiere de la atención y el compromiso de todos los actores involucrados, subrayaron desde el ente persecutor