Pese a las últimas lluvias invernales, la Región de Coquimbo sigue enfrentando una crisis hídrica sin precedentes que ha escalado a niveles críticos, poniendo en riesgo el acceso al agua potable.
Pero esta escasez de agua no solo afecta a las personas en cuanto a su consumo diario, sino que también compromete la seguridad alimentaria, la salud y el desarrollo sostenible de la región.
En especial, la provincia de Limarí se ha visto severamente impactada, con comunidades rurales que dependen de camiones aljibe para abastecerse de agua, una situación que refleja la precariedad del acceso al recurso hídrico en la zona.
Según la información entregada el pasado martes por la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, las cifras son alarmantes: de los ocho embalses monitoreados por la Dirección General de Aguas (DGA) en la región, el promedio de agua embalsada es del 16%, lo que equivale a solo 206 millones de m³ de un total de 1.325 millones de m³.
Esta escasez es particularmente grave en las cuencas de los ríos Elqui y Limarí, donde los niveles están por debajo del 50%, lo que afecta tanto al consumo humano como a las actividades agrícolas, que son el pilar económico de la región.
La cuenca del río Elqui, por ejemplo, no presentó acumulación de nieve durante la última temporada, y la situación de los embalses sigue deteriorándose. La sequía prolongada y exacerbada por el cambio climático, ha disminuido drásticamente el caudal de los ríos, generando conflictos por el uso del agua entre agricultores, residentes y otros usuarios.
Esto ha llevado a que las autoridades decreten medidas extraordinarias, como la declaración de zonas de emergencia hídrica y la implementación de programas de racionamiento.
DERECHO AL AGUA Y DERECHOS HUMANOS
El acceso al agua potable ha sido reconocido a nivel internacional como un derecho humano esencial para una vida digna. Según la Relatoría Especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, este derecho implica que toda persona debe tener acceso suficiente, seguro, aceptable, accesible y asequible al agua para uso personal y doméstico.
En la Región de Coquimbo, especialmente en Limarí, este derecho, sin embargo, está lejos de ser garantizado.
Al respecto, la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, destacó, durante su visita a la región, que la crisis hídrica no solo es consecuencia del cambio climático, sino también de un modelo de desarrollo que ha priorizado la productividad y el mercado por sobre el bienestar de las personas. “Esta situación afecta directamente a los trabajadores agrícolas, particularmente a los temporeros y migrantes, quienes laboran en condiciones de precariedad y explotación debido a la falta de regulaciones adecuadas y al impacto directo de la sequía en sus medios de subsistencia”, señaló Contreras.
La directora nacional de INDH aseguró que la reunión sostenida ayer con el delegado presidencial, Galo Luna, más los seremis y las autoridades regionales, fue muy provechosa porque les permite contar con información actualizada que les permite avanzar en su informe.
“Me parece excelente que esta región se esté trabajando estos temas con perspectiva de derechos humanos, cosa que no hemos visto en otras regiones. Por lo tanto, en realidad es un magnífico trabajo el que se está realizando aquí y nosotros esperamos cooperar también con el informe que vamos a levantar respecto a esta materia”, indicó Contreras.
La directora del INHD aseveró que se reunirán también con comunidades del Limarí para analizar cómo la sequía ha afectado su vida cotidiana y, por lo tanto, cómo este fenómeno ha impactado en sus derechos humanos.
INFORME DEL INDH
En ese sentido, el INDH, a través de su sede regional en Coquimbo, ha intensificado sus esfuerzos para documentar este impacto de la escasez hídrica en el diario vivir de las comunidades locales.
Es así que, con el objetivo de elaborar un diagnóstico detallado, un equipo del instituto se ha desplegado en la región para sostener reuniones con autoridades locales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores relevantes.
El informe que resultará de este trabajo en terreno identificará las principales brechas en el cumplimiento del derecho al agua y otras garantías fundamentales, proponiendo recomendaciones concretas para que el Estado chileno aborde esta problemática de manera integral.
En ese sentido, Consuelo Contreras asegura que uno de los temas que les ha generado mayor preocupación, es lo relacionado con los temporeros y el riesgo que existe en que no se cumplan los derechos de los trabajadores que ejercen dicha labor. Fundamentalmente, estos casos corresponden a trabajadores migrantes que laboran en condiciones muy precarias, y cuyo ingreso al país es irregular. “Por lo tanto, sus contrataciones son muy informales y viven una situación de explotación laboral grave y eso va a haber también que tenerlo en consideración y trabajarlo por la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo”, indicó la directora del INDH.
Respecto al informe que preparará el instituto, éste será entregado a diferentes organismos, como el Congreso y autoridades del gobierno central.
En todo caso, Consuelo Contreras aclaró que dicho documento “no es un informe técnico, no somos expertos en agua. Lo que nosotros vamos a hacer con este informe es ver, de acuerdo a la escasez hídrica que hay en la región producto del cambio climático y del manejo fundamentalmente agrícola, cómo eso ha afectado los derechos humanos de la población de la región, cuáles son estos derechos que han sido afectados y cuáles son las recomendaciones para que esos derechos que han sido afectados puedan ser retribuidos a las personas”.
PRESENTACIÓN DE LA REALIDAD REGIONAL
Al respecto, el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna, señaló que la prioridad es asegurar el acceso al agua potable para toda la población, especialmente en las zonas rurales más afectadas.
“Estamos trabajando en colaboración con distintas carteras del gobierno para implementar medidas urgentes y garantizar el abastecimiento, aunque sabemos que estas soluciones no serán inmediatas”, afirmó el delegado.
En ese contexto, Luna sostuvo que en la reunión con la directora nacional del INDH abordaron, precisamente, temas como la escasez hídrica, el acceso para el consumo humano de agua potable, el trabajo agrícola, los conflictos que se han agudizado por la escasez de la disponibilidad de recursos del agua – tanto en la agricultura y en el empleo como en el consumo humano – como también en distintos recintos educacionales y de salud, que hoy día dependen del abastecimiento que se entregan por camiones aljibes.
“Nosotros hicimos una presentación de la realidad regional, pero el estudio que está realizando el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una concentración en Limarí. Hemos estado cooperando con la información, con los datos, la estadística que nos han solicitado, pues para nosotros, Limarí ha sido la zona más afectada por la sequía y, por lo tanto, esperamos conocer los resultados para poder mejorar nuestros procesos”, afirmó la autoridad regional.
DESALADORA DE EMERGENCIA
Consultado sobre las soluciones propuestas para esa zona de la región, el delegado señaló que aún está en desarrollo el estudio que va a liderar la DOH para contar con una desaladora de emergencia para abastecer el consumo humano de agua.
“Los plazos van a depender del estudio de localización que lo vamos a tener en 2 a 3 meses más, porque de acuerdo a eso nos va a arrojar los principales costos. Pero esto debiese ser rápido porque lo vamos a canalizar como una propuesta de emergencia, no es una obra concesionada o como las tradicionales. Por lo tanto, nosotros hemos analizado que debiese tomar un año la implementación, y una vez decidido el lugar donde se va a hacer – porque aquí hay que hacer harta ingeniería para que sea el lugar óptimo, lo mismo que la conducción del agua – deberíamos tardar aproximadamente un año en empezar a implementarlo”, concluyó Luna