Afectados por problemas estructurales y sanitarios en sus viviendas, vecinos de los condominios Ovalle 1 y 2 de la población Ariztía han manifestado su indignación, asegurando sentirse estafados tras la compra de sus departamentos en 2017 con el subsidio habitacional DS49. Según denuncian, los edificios presentan filtraciones de agua, problemas en las redes de gas y techos construidos con asbesto, material prohibido en Chile por su impacto en la salud.
Los residentes, cansados de la situación, se han comunicado con las autoridades pertinentes exigiendo soluciones concretas ante el deterioro de sus hogares, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado mejoras estructurales significativas, dejando con la carga de reparar las fallas estructurales a las familias.
En este sentido, María José Pizarro, propietaria de un departamento, aseguró que “me siento estafada. Me vendieron este departamento con subsidio DS49 que es para las personas más vulnerables y el SERVIU no se hizo cargo de venir a fiscalizar que estuviera todo en orden, sabiendo que estos edificios tienen daño estructural desde hace 10 años”.
Explica que “yo soy madre cuidadora de un hijo de 5 años con autismo y vivo en el cuarto piso. Tengo una fuga que está afectando al tercer piso, entonces tengo que cortar el agua todos los días 4 o 5 veces para que la fuga no le afecte tanto a mi vecino. Hace un tiempo al subir y bajar a cortar el agua mi hija se arrancó y lo encontramos con Carabineros. Esta situación diariamente me ha afectado mucho, ya que estoy en constante peligro de que mi hijo arranque. Esto sin contar la incomodidad de que vecinos me pregunten constantemente cuando voy a arreglar las fugas y yo no cuento con ese dinero”, añadió María José.
Desde SERVIU señalaron que “efectivamente estamos en conocimiento de las denuncias presentadas por los vecinos de los condominios afectados. Incluso durante el año 2024 equipos del SERVIU junto a la municipalidad de Ovalle, realizaron inspecciones técnicas en el lugar para ver situación del condominio, revisando techumbres, estado de departamentos y otras infraestructuras del lugar, además de conversar y ver la situación particular de los vecinos afectados. Desde entonces se coordinó una mesa de trabajo junto a los vecinos y la municipalidad de Ovalle, quienes con la información recopilada deben formular proyectos de mejoramientos para ser ingresado y ver posibles financiamientos”.
Por su parte, el municipio de Ovalle indicó que los condominios Ovalle 1 y 2 fueron proyectos de vivienda social, desarrollados por el SERVIU de Coquimbo, es decir, “este servicio, adquirió el terreno, desarrolló los proyectos, contrató a la empresa constructora y vigiló la construcción”.
El municipio local, agregaron, estuvo limitado a lo establecido y definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, que dice relación con que todas las denuncias por fallas o errores en la construcción deben realizarse según lo establece el artículo 18 de la citada normativa legal. Pese a todo, desde el municipio de Ovalle, a través del Departamento de Desarrollo Social y la Dirección de Obras Municipales, aseguran que han brindado apoyo a las familias afectadas por los diferentes problemas que ha presentado este sector residencial de la parte baja de la capital limarina.
Además, a través de la Oficina de la Vivienda, añaden, se realizaron gestiones con el SERVIU y se realizó una evaluación completa de los inconvenientes estructurales y sanitarios que tienen los vecinos. En la actualidad, insisten, se está a la espera de la asignación de recursos de parte del SERVIU para ejecutar labores de mejoramiento de techos, pisos e inconvenientes en el sistema de alcantarillado.
LA VOZ DE LOS AFECTADOS
En redes sociales, vecinos de los condominios han compartido videos mostrando los daños en sus viviendas y expresando su descontento. “Somos propietarios del Condominio Ovalle 1 y 2. En 2017 se nos hizo entrega de estos departamentos, los cuales eran un sueño cumplido. Sin embargo, el sueño se convirtió en una pesadilla. Filtraciones en las cañerías de agua, filtraciones en las cañerías del gas, techos de asbesto, un material altamente tóxico y cancerígeno prohibido en todo tipo de construcción desde el año 2001”, denuncian en una publicación.
Los afectados aseguran sentirse estafados y vulnerados, señalando que “no se está velando por nuestra seguridad y dignidad, tal como dice el artículo 59 de los Derechos Humanos, el cual establece el derecho a la vivienda digna y con los servicios básicos esenciales”.
Algunos propietarios han decidido financiar por su cuenta los arreglos más urgentes, incluyendo el cambio de cañerías por tuberías de cobre, lo que ha implicado perforaciones en paredes y múltiples reparaciones en baños, que han llegado a sumar hasta $500.000 por departamento.
Mientras esperan soluciones definitivas, los vecinos continúan esperando respuestas y acciones concretas que les permitan habitar en condiciones seguras y dignas.