Un tercer caso de violación contra una menor de edad se investiga contra el sujeto de 31 años que fue formalizado por ataques sexuales a dos niñas -entre ellas su hija de 12 años- en la provincia de Limarí. Hombre que, como comprobó El Día, se encuentra en libertad luego de una concadenación de errores en el proceso de persecución penal que llevaron a dejarlo sin medidas cautelares.
Este caso, que se habría registrado semanas antes del que consta en la causa que, recordemos, fue sobreseída, se encuentra en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), que recaba antecedentes preliminares, aún sin formalización por parte de la Fiscalía, según antecedentes a los que tuvo acceso nuestro medio.
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Tras la polémica decisión de cerrar la investigación y poner en libertad al individuo -que no tenía medidas cautelares fijadas en otro caso llevado ante la justicia- indagamos en torno a esta tercera víctima, cuya vulneración fue mencionada en la “funa” que divulgó los antecedentes de los delitos en redes sociales.
A través de fuentes relacionadas a su círculo cercano y contrastado con otras vinculadas a la policía, verificamos el ingreso al sistema de la PDI sobre este caso, lo que se habría concretado en septiembre, y se encuentra a la espera de avanzar en su esclarecimiento, aunque con un difícil panorama, debido a la situación actual del imputado, que según describen terceros, estaría “inubicable”.
Cabe señalar que tanto las identidades de las menores de edad, como la de sus familiares, ciudades de residencia y vínculos con el presunto autor han sido omitidas, para resguardo de las mismas. Lo propio en relación con la identidad del sujeto implicado, debido a que la ley protege a menores de edad, incluso con la restricción de la individualización del atacante.
En investigación
Según la información recabada por El Día, el abuso en este caso habría ocurrido semanas antes de la denuncia presentada por la familia de la hija del imputado. Esto se concretó una vez que la misma niña, también de 12 años, supo del caso y alertó que a ella le había sucedido lo mismo.
Ambas familias se pusieron en contacto y este hecho también fue denunciado ante la PDI, aunque está en un estado muy prematuro de las indagatorias, por lo que no ha sido formalizado como los otros dos. Con esto, se ven consecuencias entonces en un tercer hecho respecto de lo ocurrido en las últimas audiencias, ya que para su eventual formalización de cargos en tribunales, además de antecedentes fundados de su presunta participación, se requiere de la presencia del imputado y su detención.
Según lo aportado a este medio por fuentes reservadas, Fiscalía dio instrucción a la PDI para indagar, aunque desde la institución no entregaron información, debido a la reserva de la causa.
Contactados, desde la familia de la víctima, confirmaron la denuncia, pero prefirieron no dar declaraciones por el momento.
La concatenación de errores
El caso, se desarrolla en paralelo a semanas complejas en tribunales.
El primero de los casos data de 2013, cuando la víctima tenía 7 años. Este fue denunciado en 2020 a través de una querella presentada con asesoría de Sename, aunque no hubo movimientos en la causa hasta 2022.
Los movimientos se realizaron, según nueva información recabada por El Día, cuando la familia de la víctima supo de un nuevo caso, que ya había sido formalizado y se encontraba en investigación. De esa forma, el tribunal pidió cuentas a Fiscalía, que no había hecho ningún tipo de diligencias que requirieran de su trámite en tribunales.
La formalización del otro caso corresponde a la de la hija del imputado, lo que se difundió en redes sociales y medios de comunicación tras la funa. Por este caso, se decretó prisión preventiva al imputado, la que se mantuvo por más de los 80 días de plazo fijado por el Juzgado de Garantía de Combarbalá.
El hombre ingresó al penal de Illapel para cumplir está cautelar, cuando fue formalizado por el delito cometido en 2013. En esa oportunidad, no se fijaron cautelares, debido a que su libertad ya se encontraba restringida. Pero tampoco se solicitaron ni decretaron otras, menos intensas, que permitieran prevenir ante una posibilidad que, aunque escasa, podía ocurrir. Eso fue precisamente lo que vino.
La Fiscalía pidió la ampliación del plazo de investigación por el primer caso formalizado, por el que estaba en prisión. Sin embargo, el límite de tiempo ya había vencido y la fiscal a cargo se negó a cerrar la investigación, como pidió la defensa en la misma audiencia. Con esta negativa, la abogada representante del individuo alegó por el artículo 247 del Código Penal, que establece como una falta lo realizado por la persecutora y, por consiguiente, instruye a sobreseer el caso.
Los jueces dictaron el sobreseimiento, como ordena la ley, y decretaron la libertad para el individuo. De esta forma -volvemos atrás- sucedió aquella posibilidad escasa: se cierra un caso de manera imprevista y la segunda causa, sin cautelares, sigue con el individuo en libertad. En este punto, abogados consultados por El Día sostienen que se debió decretar otra medida cautelar para este segundo caso, aunque el sujeto ya estuviese en prisión, precisamente, por si llegase a ocurrir lo que sucedió con el primero.
Ahora, los intentos por revertir esta situación están en dos frentes, algo complejos. Por un lado, en el primer caso se analizará este viernes 14 de octubre la posibilidad de revertir el sobreseimiento de la causa. Por otro, ayer había audiencia para fijar cautelares en el segundo caso, la que no se pudo realizar.
Audiencia fallida: inubicable
La audiencia de este martes 11 de octubre, había sido solicitada por la Fiscalía el 14 de septiembre, un día después del sobreseimiento de la primera causa. Sin embargo, no se llevó a cabo.
¿Qué sucedió? Cada persona que comparece a un tribunal debe dar su dirección y como en este caso el imputado había sido enviado a prisión preventiva, figuraba la dirección de la cárcel de Illapel, donde cumplía con la medida cautelar fijada en el Juzgado de Garantía de Combarbalá.
Su posterior excarcelación, por el sobreseimiento de la causa, no fue informada a la hora de solicitar la audiencia para fijar medidas cautelares en la otra causa, por lo que, en términos prácticos, el sistema “no sabía” que su dirección era otra, en este caso su vivienda, y no pudo ser notificado.
En vista de esto, la audiencia fue reprogramada para el martes 18 de octubre, con el objeto de notificar oportunamente al imputado. Entendidos en la materia, consultados por nuestro medio, sostienen que de no comparecer, se podría pedir su traslado por la fuerza, sin embargo, el problema radica en que no habría certeza sobre su paradero actual.
Fuentes de El Día señalan que ayer se intentó notificar al sujeto, pero en la vivienda en cuestión no había nadie. Precisamente, decretar cautelares para ambas habría evitado esta situación.
En contacto telefónico, la madre de una de las menores señaló que están devastados.
“Mi hija ha pasado por hartos procesos, por un programa para atención a víctimas, ha estado tres años con psicólogo y ha tenido crisis. Cuando supo que él estaba afuera tuvo crisis de pánico, fue todo un caos”, sostiene.
La mujer relata que al enterarse de la situación fue a conversar con la fiscal, quien “me pidió las disculpas pertinentes y dijo que había sido un error grave”.
Junto con ello, pidió resguardo. “No me lo querían dar, pero insistí ¿Quién me asegura que esta persona no se vuelva a acercar a mi hija?”, declara, temiendo que toda pueda quedar en nada, incluso en el caso que no ha sido formalizado. “Él puede salir del país cuando quiera”, dijo.
Expectativa por audiencia este viernes
En cuanto al caso sobreseído, existe fecha para este viernes 14 de octubre en la Corte de Apelaciones de La Serena. En esa instancia, no se requiere de la comparecencia del sujeto, ya que la causa está cerrada, y la instancia se centrará en el debate para abrir o no la misma y continuar su investigación.
Juan Pablo Segovia, del programa Mi Abogado, del Ministerio de Justicia, aborda estas expectativas. El equipo presta asesoría a la víctima de este caso y su familia, desde que la causa fue sobreseída. En conversación con El Día, el jurista explica los argumentos que podrían verterse en la audiencia, de la que serán parte.
“Es lo que busca, tratar de revertir esa resolución a través de la incidencia de nulidad que se promovió o bien a través del recurso que el Ministerio Público presentó y que paralelamente nosotros presentamos como juradores (...) con la Convención de Derechos del Niño trataremos de que se garanticen sus derechos. La defensa alega por los derechos de su representado, pero entendemos que el tribunal tiene que también cautelar los derechos de todos los niños”, dijo.
La madre de la víctima, indicó que ha sido un proceso difícil y que a la fecha su hija no ha tenido una atención psicológica oportuna. En conversación con El Día, relató su impresión por lo ocurrido.
“Lo conozco (al imputado) de muy chica, estuve con él hasta los 17 años y siempre tuvo problemas, su familia es muy disfuncional, él siempre tuvo un patrón de que no tenía adhesión a sus trabajos, pero ¿sospechar algo contra su propia hija?, yo creo que el sentido común nunca da para tanto”, señaló.
La mujer lamenta que no ha recibido explicaciones de lo ocurrido con el sobreseimiento de la causa y el temor por la libertad del sujeto los ha llevado a alzar la voz, esperando que se pueda revertir. Junto con ello, lamenta las falencias en el sistema y la nula respuesta tras el error.
“No he encontrado quien asuma la responsabilidad de este error. Me dijeron que podía hacer mis quejas con el fiscal regional, pero me contacté y desde la Fiscalía me dicen que el error es de tribunales”, sostuvo.
El Día tomó contacto con la Fiscalía Regional de Coquimbo para realizar preguntas sobre el caso, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
