La extracción no autorizada de agua se ha convertido en un problema que las comunidades de las zonas más afectadas por la sequía le han tomado una especial atención, principalmente este año, lo que queda demostrado por el importante incremento de las denuncias por este tipo de situaciones ingresadas a la Dirección General de Aguas, DGA.
En concreto en lo que va del 2022 son 50 los procedimientos de fiscalización que se han comenzado a nivel regional, siendo de este número un 60% de la provincia de Limarí, si consideramos que a la misma fecha, en 2021, habían sólo siete denuncias, el incremento es notable.
Cristóbal Juliá, director regional de la Dirección General de Aguas, DGA Coquimbo indicó que este número alto de denuncias tiene que ver con varios factores principalmente por la sequía.
“Las denuncias por extracción no autorizada de agua ha ido aumentando conforme la sequía se mantiene, aparte que el año pasado hubo distintos cambios en la DGA, hicimos distintas modificaciones y hemos estado impulsando distintas medidas para fortalecer el trabajo que está haciendo la unidad de fiscalización” explicó Juliá , añadiendo que con la dirección se está tratando de tener una mayor presencia en los territorios. “Hasta este momento, este año lo que va del 2022 tenemos un total de 50 procedimientos sancionatorios que se refiere a fiscalización por extracción no autorizada de agua, que se iniciaron durante el 2022, de éstos 30 corresponden a la Provincia de Limarí, y esto se debe principalmente a que en las comunas de Monte Patria y Combarbalá que es donde existen más denuncias, son también territorios muy susceptibles a la escasez hídrica”, expresó Juliá.
Sobre los procedimientos que se establecen luego de una denuncia, el director regional de la DGA indicó que “cuando se presenta una denuncia tiene que cumplir con ciertos requisitos que están en los manuales de procedimiento de la DGA de fiscalización, primero se declara si se admite o no, si se admite, se abre un expediente de fiscalización, se le asigna un número correlativo y a partir de eso comienza todo un proceso. Lo primero que ocurre es que se visita el lugar, se hace un informe técnico en terreno por parte de los fiscalizadores, y va un ministro de fe y toma datos y características y se contrasta con la denuncia presentada, ahí mismo en terreno se verifica si la persona que está siendo denunciada cuenta con derecho de aprovechamiento, en caso de que haya una extracción de agua, si es una obra si está la autorización para esa obra, modificación de cause, etcétera”, explicó Juliá, agregando que luego “se hace un trabajo administrativo y se determina si efectivamente va en contra del Código de Agua. Si es así se notifica al denunciado para que presente sus descargos o haga sus reclamaciones”.
En general “un proceso de fiscalización puede durar seis meses y puede ir en sanciones que pueden llegar a las 1.100 UTM dependiendo de la gravedad de la infracción cometida”, aseveró el director regional de la DGA añadiendo que luego de este proceso se pone a disposición del Ministerio Público los antecedentes, “cuando termina un expediente de fiscalización y se sanciona por extracción no autorizada de agua, nosotros enviamos todos esos antecedentes al Ministerio Público y son ellos quienes determinan si es ilegal o no, si constituye o no delito por usurpación de aguas”.
MAYOR ATENCIÓN Y CONFIANZA EN EL PROCESO
Otro de los motivos que esgrimió Juliá para el incremento de este tipo de denuncias es “porque la gente se está atreviendo a confiar más en la institución”.
“Yo llevo un año en la DGA, hicimos bastantes cambios, he estado mucho en terreno, en las localidades y el mensaje que hemos estado fomentando es que las personas deben denunciar, tienen que confiar en las instituciones”, indicó el director de la DGA Coquimbo, añadiendo que además existe entusiasmo por parte de los alcaldes a colaborar con la fiscalización y un compromiso de las Juntas de Vigilancias. “La DGA está trabajando con los alcaldes para lograr levantar las demandas, que son canalizadas también a través de diferentes mesas hídricas que se han ido conformando, entonces son varios los factores que tienen que ver con este aumento bastante fuerte de las denuncias, pero también otro factor ha sido la pandemia, el 2021 el país estuvo prácticamente paralizado por la pandemia, entonces seguramente se veía menos, también hay un incremento en los efectos de la sequía”.
Sobre el tipo de personas que están siendo denunciadas, Juliá indicó que no existe un perfil, “van desde agrícolas hasta personas naturales o empresas, la verdad es que no hay una tendencia clara”, asegurando que “para el Código de Aguas y para lo que hace la DGA todos son iguales. En general las personas ven una máquina perforadora y alertan a la DGA o ven que hay bombas introducidas en el río e informan o ven que un vecino o predio cercano está sacando agua”.
ÚLTIMAS DENUNCIAS
Una de las últimas denuncias se produjo a finales de enero, cuando mediante un video la agrupación ecológica Yaru Wika dio a conocer la intervención con máquinas del Río Grande en Monte Patria, en esa oportunidad se hizo la respectiva denuncia a la DGA, puesto que no habría existido una autorización para la intervención.
