Gerardo Tagle, Defensoría Penal Pública: "Las soluciones contra la delincuencia son más estructurales que de índole legislativa"

En entrevista con El Ovallino, el jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) Ovalle-Illapel, Gerardo Tagle, se refirió a la labor que efectúan en materia judicial, para representar los intereses de las personas que han sido imputadas en la comisión de delitos.

-¿En qué consiste la labor de la Defensoría Penal Pública? 

"La Defensoría Penal Pública (DPP) es un organismo que surge a la luz de la Reforma Procesal Penal. Antes de la Reforma Procesal Penal había un sistema en que un juez investigaba, acusaba, y juzgaba; no había una separación de roles y la defensa se ejercía desde la perspectiva que las personas con recursos podían tener abogados particulares, y los que no tenían recursos eran asistidos o defendidos por estudiantes egresados de derecho de la Corporación de Asistencia Judicial; o por abogados del turno, que eran asignados por el tribunal vía sorteo y que estaban fijados por las Cortes de Apelaciones. Eso redundaba en que las defensas no tenían la cabalidad suficientes para efectos de sustentar adecuadamente los derechos de los imputados. En ese sentido, cuando la Reforma Procesal Penal crea los Tribuales de Garantía, los Tribunales Orales, el Ministerio Público; también es necesario crear un contrapeso que es la DPP, organismo estatal con abogados funcionarios y también con abogados por convenio directo y licitados que prestan defensa técnica material y de calidad para los imputados de la comisión de delitos. Y en ese sentido, se crea este organismo para efecto de que abogados dedicados 100% a sus causas, presten servicio de defensa a las personas que son imputadas por el Ministerio Público en la comisión de delitos".

-¿Hasta qué instancia se mantiene el contacto con las personas a las que ustedes representan? 

"Eso es un tema muy interesante porque el artículo séptimo del Código Procesal Penal establece que uno es defensor del imputado hasta el último día de su condena. Y en ese sentido, nuestra región es pionera al establecer un sistema de defensa penitenciaria, vale decir, que aparte de los defensores que ven los casos propiamente tal, nosotros contamos con un grupo de abogados que se dedica a ver el cumplimiento de las condenas y a hacer valer los derechos de las personas condenadas privadas de libertad. Nuestra institución vela por los intereses de las personas que están siendo imputadas en la comisión de delitos, y también por aquellas personas que han sido condenadas, allí se representan sus intereses ante las instancias administrativas y judiciales".

-¿El equipo que hay da abasto para el trabajo que hay?, ¿Cómo están ustedes acá?

"En rigor, como todo organismo público, los recursos son limitados. Particularmente por cuanto tenemos que prestar cobertura en Combarbalá, que es una localidad bastante lejana; apoyo y cobertura en la Corte de Apelaciones defendiendo nuestros intereses,y también estamos constantemente en los Tribunales Orales ejerciendo los derechos de nuestros defendidos en juicio. Por lo tanto, si bien acá en la provincia de Limarí somos cinco defensores, siempre hay posibilidad de que pueda faltar alguno, pero siempre están los esfuerzos para poder prestar el servicio de defensa a nuestros defendidos".

-¿Cómo evalúa usted las soluciones que se han establecido para disminuir la delincuencia?

"La delincuencia no se acaba con la fiscalía o la DPP, o los tribunales. Nosotros ejercemos los derechos de las personas que son imputados de la comisión de delitos. Las soluciones contra la delincuencia son más estructurales que de índole legislativa, por cierto se requieren leyes en este tipo de cosas, pero estructurales en el sentido de que en primer lugar se han de mejorar las condiciones de igualdad y también de educación. En la medida que hay una mayor igualdad de oportunidades, en la medida en que haya una educación equitativa para todos, hay elementos sociales que permiten redundar en una disminución de la desigualdad, y por lo tanto, la eventual comisión de delitos. Si bien las agendas cortas o las normas que buscan ampliar ciertas facultades policiales van a una parte del problema, creo que la otra parte no está siendo considerada suficientemente. Pero, hay políticas que el gobierno está implementando en materia de educación, a nivel de búsqueda de igualdad de oportunidades que permiten desde un punto de vista mucho más estructural prevenir, o tratar de prevenir la comisión de delitos. Existiendo una menor desigualdad, existe una menor propensión a cometer delitos".